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A medida que la pandemia se continúa extendiendo, el gobierno de los Estados Unidos está realizando cambios en las regulaciones a las visas temporales de trabajo con el objetivo de asegurar suficientes trabajadores disponibles para las distintas industrias afectadas, sobre todo aquellas que se consideran escenciales para mantener alimentos en las mesas de las familias estadounidenses y la economía a flote. De manera superficial, el cambio más significativo parece ser positivo para estos trabajadores que nunca antes han sido tan escenciales como ahora. Pero al profundizar en los detalles, la realidad es que las nuevas reglas crean condiciones para abusos en un programa que ya estaba plagado de oportunidades de explotación y trata de personas.
Los programas más grandes de visas temporales son el H-2A, el cual trae a los Estados Unidos hombres y mujeres de otros países para que trabajen en agricultura, y el H-2B, el cual contrata mano de obra extranjera de forma temporal para otros tipos de trabajo no relacionados con agricultura, como procesamiento de carnes, limpieza, construcción, ferias y carnavales, jardinería, entre otras. Estos programas están diseñados para conseguir fuerza laboral que las industrias estadounidenses aseguran no poder llenar con mano de obra local.
Entre los aspectos más peligrosos de las visas H-2A y H-2B es que sus portadores están atados al empleador que originalmente les procesó la documentación. En caso de que decidan dejar a ese empleador, pierden inmediatamente su estado migratorio. El sistema les da a los empleadores un poder desmesurado sobre los trabajadores, poder que nuestros datos demuestran es utilizado con frecuencia para abusar y explotar. Todo lo que los tratantes necesitan para ejercer control es amenazar a los trabajadores con ser deportados.
Los trabajadores saben que la deportación significa ser detenidos en centros de detención deplorables y además ser inelegibles para retornar a Estados Unidos, lo que a su vez implica para desaparecen, para muchos, las oportunidades de buscar un mejor futuro económico para sus familias. El resultado es que año con año los datos de la Línea Nacional contra la Trata de Personas muestran que trabajadores con visas temporales H-2A y H-2B están desproporcionalmente representados entre víctimas y sobrevivientes de trata. De hecho, la Línea contra la Trata reporta a más de 3,600 sobrevivientes con visas de trabajo en Estados Unidos. Aproximadamente el 87% de estos individuos tiene visas H-2A o H-2B.
Polaris y nuestros aliados estamos en una lucha constante por cambiar este sistema y reemplazarlo con uno que permita a los trabajadores el derecho básico de cambiar de empleador sin miedo a deportación u otro tipo de represalias.
Los cambios temporales debido al COVID-19 parecieran permitir cierto grado de portabilidad de las visas, lo cual parece alentador, hasta que se lee la “letra pequeña”. Bajo este cambio en las reglas, los trabajadores que hayan completado el término de sus visas orginales, generalmente por no más de tres años, pueden permanecer en Estados Unidos y tomar y nuevo trabajo temporal con un nuevo empleador.
Desafortunadamente, el cambio a la regla ni siquiera establece un mínimo de protecciones para garantizar que la portabilidad no se convierta en otra herramienta para los tratantes, quienes podrían, con muy poca o nula vigilancia, esencialmente comerciar entre ellos con seres humanos.
Si eso suena exagerado, hay que considerar esto:
No existe ningún mecanismo que ayude a que los trabajadores obtengan suficiente información que necesitan para tomar decisiones sobre si deben o no aceptar nuevos trabajos con nuevos empleadores – no existe un portal de anuncios, bolsas de trabajo en línea, no hay información sobre salarios ni sobre el tipo de trabajo que estarían haciendo con su nuevo empleador. Toda la información recae en el empleador y, con ello, todo el poder.
Empleadores sin escrúpulos y potenciales tratantes pueden emenazar de forma impune a los trabajadores, pueden insistir en que vayan a trabajos que pagan menos de lo que estarían dispuestos a aceptar, o incluso solicitar que realicen trabajos que no quieren hacer. Si el empleado dice “no” a alguna oferta, tiene presumiblemente que dejar el país de inmediato.
Los cambios en estos programas de visas no clarifican cuál de todas las agencias gubernamentales involucradas es responsable por supervisar la extensión de estas visas y los alrededor de 400,000 trabajadores temporales en nuestro país que las estarían recibiendo.
De hecho, el cambio a las regulaciones establece explícitamente que su objetivo es “beneficiar a los empleadores agrícolas de Estados Unidos y proveer estabilidad a la cadena alimenticia en Estados Unidos”, y descaradamente no considera en absoluto los intereses de los trabajadores. Ese es el tipo de lenguaje y el tipo de programas que envalentonan a los tratantes.
Estados Unidos ha dicho de forma oficial que los trabajadores agrícolas son esenciales durante la pandemia. Pero el solo hecho de que estos programas existan muestra qué tanto necesitamos a trabajadores temporales del extranjero para sostener nuestra economía con o sin pandemia. Protejamos a las personas que ponen comida en nuestras mesas y en los estantes de los supermercados, y hagamos que nuestra economía funcione para todos. Estos programas podrían verdaderamente ser un ganar-ganar, pero también podrían ser una bendición para los tratantes. Depende de nosotros.
